En Especial
Cristhian Jiménez
Santo Domingoi. Es la misma historia: todas las directivas de juntas electorales se esfuerzan hasta rozar la ley por complacer a los partidos políticos, esperando un mínimo de racionalidad en sus acciones, pero al avistar la inexorable derrota escalan a reclamos imposibles para alegar la parcialidad del árbitro. “Matadero”, “fraude colosal”, gastadas frases de malos perdedores, para justificarse frente a seguidores manipulados y a financiadores que descubren que les sacaron los pesos del bolsillo con falsas encuestas. Lo institucional, pa’l carajo.
Recuerdo los desvelos de Roberto Rosario para las elecciones del 2016, en satisfacer los mínimos requerimientos y despejar todas las dudas y maledicencias por su origen peledeista, que hasta su casa abría a extraños. Perremeistas y reformistas estuvieron de amores con el entonces presidente de la JCE hasta que las últimas encuestas dejaron en claro el abismo que separaba al candidato reeleccionista Danilo Medina de sus opositores.
El colmo fue que la noche anterior a las votaciones, el PRM advirtió a Rosario que no aceptaban el uso de escáneres, que ya todos los actores políticos habían aprobado. Te atienes a las consecuencias, se advirtió desde el otro lado del teléfono y en la madrugada cerca de 3 mil presidentes de colegios, según reveló Roberto, no llegaron a los centros de votación, en un serio atentado al proceso.
Se alegó fraude con el uso de los escáneres, pese a que Medina obtuvo el 62 por ciento que decían todas las encuestas y que el PRM apenas se constituía, con una franquicia prestada y entre los estertores de la fractura del PRD padre. Era imposible acercarse en votos a un PLD unificado.
Julio César Castaños Guzmán asume la presidencia de la Junta y, sumamente obsequioso con los partidos, se montó en la ola contra el presidente saliente y abandonó los escáneres en un estacionamiento, lamentándose en cada rueda de presa del costo de mantenimiento. Todo hermoso, hasta que se ajustaron cuentas en las elecciones municipales del 2020, fallidas en un primer intento, hecho único en la historia del país.
Román Jáquez, desde su inicio mostró total apertura a las sugerencias de los partidos, pero al aproximarse las elecciones, se ha repetido el tradicional comportamiento de los partidos, que “olvidan” lo aprobado en el Congreso Nacional y coaccionan para forzosas interpretaciones acomodaticias.
Luego de las municipales, en las que barrió el oficialismo, las presiones opositoras a la Junta aumentaron intentando deslegitimar ese proceso con alegatos de compra de voluntades y supuesta responsabilidad o complicidad de funcionarios subalternos.
Los peledeistas y fuerecistas hasta acudieron a la OEA con sus denuncias y pese a que la JCE los auxilió para que les entregaran recursos adicionales que no están en el presupuesto, y que ha dado las garantías, con nombramientos de personal adicional e instrucciones mediante resoluciones, para evitar carpas y molotes alrededor de los centros de votaciones, las amenazas y los llamados violentos persisten.
La alianza opositora la semana pasada reiteró los 35 puntos que entienden serían las garantías para un proceso transparente, faltando dos semanas para las votaciones, y que incluyen cancelar al director de la Policía Militar Electoral (contra este general hay una sucia campaña en redes), al responsable de juntas electorales, a presidente de colegios. Además, suspender los programas sociales, la publicidad oficial y LA Semanal, entre otros reclamos.
Si esas son las condiciones y garantías, es evidente que se teme a que se repitan los resultados de febrero y solo se llenan páginas para el expediente del pataleo, muy a la usanza criolla.
La oposición me acaba de convencer de que realmente un abismo la separa del partido oficial, como dicen todas las encuestas.
