En Especial
Cristhian Jiménez
Las ejecuciones camufladas de “intercambios de disparos” atentan contra la reforma policial que gana espacio en la sociedad dominicana.
La reforma, que ha asumido personalmente el presidente Luis Abinader ha precisado de una inversión económica enorme al iniciar, correctamente, por la educación y la mejoría de las condiciones de vida de los policías y sus familiares.
Los atajos violentos, recomendados por algunos y aplaudidos por muchos, podrían erosionar la confianza ciudadana en el proceso y la credibilidad sobre el alcance del inicio de la transformación policial.
Aprecio como serio el esfuerzo que se realiza y de esto me hablaba con desbordante entusiasmo el ministro de Interior, Jesús Vásquez en la primera semana de diciembre, haciendo énfasis en los cambios positivos que benefician a los agentes, como la elevación del sueldo mínimo a 500 dólares, que muchos pensamos era mera promesa electoral.
Con la resistencia interna natural de una institución que cumplirá 88 años en marzo próximo, es peligroso enviar los mensajes incorrectos. Para ejecutar a un militar o a un civil no se requiere nivel de estudio universitario o dominar tecnologías de la información, podrían razonar potenciales aspirantes.
Entonces, ¿qué hacer frente a los delincuentes con y sin uniformes? Seguir mejorando los mecanismos de la ley y combatir con mayor eficacia la corrupción, que posibilita la operación protegida del tráfico de drogas y de otras actividades delictivas en barrios y sectores de clase media.
Imagino ante sonados casos delictivos, a una eminencia gris en un pasillo gubernamental recomendar, que “en lo que concluimos la reforma, dejemos que la Policía aplaque el reclamo de la calle, en la forma que siempre lo ha hecho…”
La reforma policial es un proceso largo, que iniciado con seriedad ahora, verá pasar varias administraciones de gobierno. Es camino tortuoso, posible solo con constancia en la inversión de grandes recursos presupuestarios y coherencia en la misión, sin dar espacio a los bajaderos fáciles y violentos.
Si la delincuencia se controlara con asesinatos, la hubiesen eliminado de raíz unos generalotes que abonaron los cementerios (numerosos “desaparecidos” lo llegaban al campo santo) en los último 50 años.
El mantra abinaderista “ni me canso ni me cansan” debería prevalecer en este ámbito tan sensitivo de su gestión y al que dedica tiempo personal semanalmente, al encabezar las reuniones sobre seguridad en el Palacio de la Policía.
Un sesgo grave en todo esto es que las muertes violentas generales las valida el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con excepción de los “intercambio de disparos”, que los “certifica” la Policía Nacional.
La tarea debe ser obligatoria del ministerio público, que usualmente guarda silencio o anuncia investigación en casos de amplia repercusión mediática. En 2023 los muertos en los “intercambios de disparos” oscilaron entre los 70 y 90.
El año cerró con un hecho violento inusual: miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía (DICRIM) mataron a dos oficiales de la Armada Dominicana y un civil adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apresados frente a un motel en Haina (hecho registrado en grabaciones de celulares por curiosos transeúntes) y que el vocero policial definió como “intercambio de disparos”. Alegó que supuestamente formaban parte de banda de delincuentes que realizaría atracos, tumbes de drogas, extorsión, entre otros crímenes.
Familiares de los muertos niegan las acusaciones y “el intercambio” y especulan sobre las razones de “silenciarlos”.
El ministerio público anunció una investigación, que calló a la Policía y evitó la reacción pública de la DNCD.
El día que haya pena de muerte en el país, no estará en el gatillo de un policía o militar…
