Por Cristhian Jiménez
Román Jáquez no se había acomodado bien en su poltrona como presidente de la Junta Central Electoral, cuando comenzó a impulsar la reforma de más de 120 artículos de las leyes que norman el proceso eleccionario.
Litorales políticos sorprendiéronse del madrugonazo, pero es evidente que Jáquez tenía razones que los dirigentes de partidos no quisieron escuchar y que aún resisten aceptar.
Es que las reformas de las leyes de régimen electoral y de partidos y organizaciones políticas buscan limitar los tiempos y los gastos de precampaña y campaña, lo que no gusta a la partidocracia.
La JCE sugiere reducir un 75 por ciento para cada uno de los cargos de elección popular durante la precampaña y un 65 por ciento para la campaña. ¡Pánico entre los que buscan dinero hasta de “caletas”!
Asimismo, obligatoriedad de los debates para la elección presidencial, paridad en las candidaturas (conforme al principio constitucional), 50 por ciento para hombres y 50 por ciento para las mujeres en diputaciones, regidurías y vocalías.
Además, el órgano comicial sugiere listas cerradas y bloqueadas, con orden de alternancia y colocación para evitar las guerras fratricidas, sobre todo en el nocturnal escrutinio en los colegios electorales, que es donde surgen gran parte de los conflictos.
En una conferencia en julio último, Jáquez advertía que el diseño actual “configura un sistema donde se prioriza a las personalidades por encima de las propuestas programáticas e ideológicas”, debilita la institucionalidad partidaria y “no es favorable a presentación de mujeres y jóvenes”.
He dicho hasta el cansancio que los partidos rehúsan las regulaciones, fundamentalmente de limitaciones de tiempo y dinero en precampaña y campaña y modifican sus posturas según la posición en la rueda: arriba, quieren manos sueltas y abajo, todo tipo de control para el oficialismo.
Se ignoran experiencias recientes sobre el daño del uso de los fondos públicos, abiertamente o a través de ingeniosos entramados de corrupción y de la recepción de recursos del crimen organizado. Hay investigaciones y procesos abiertos en ambas direcciones.
Roberto Rosario, también presentó a tiempo reformas, con asesoría internacional y el partidarismo frustró esas intenciones, y cuando Julio César Castaños Guzmán las retomó se aplicó un “paso de tortuga” para aprobarlas in extremis en los meses previos a las elecciones. Un Frankenstein (“la ley posible”, alegaron los partidos políticos) que el Tribunal Constitucional hubo de triturar.
Al parecer se busca aplicar la misma fórmula y evitar una reforma integral que organice de manera definitiva todo el régimen electoral y la regulación partidaria.
Los partidos están en plena actividad electoral desde antes del cumplimiento del primer año del gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Leonel Fernández alegó que estaba en la estructuración de su joven partido, la Fuerza del Pueblo y en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el grupo dominante, para frustrar un profundo proceso de revisión interna luego de la división de la organización y la derrota en todos los niveles de elección, forzó y empujó un proceso de definición de aspiraciones presidenciales. Alegó, además que requerían una definición temprana, porque Fernández sería seguro candidato presidencial y Abinader apuraba la reelección con su permanente presencia en actos públicos.
Se podría alegar que se requirió total concentración y todo el tiempo para la Ley de Extinción de Dominio (aún con algunos flecos que preocupan a juristas y empresarios) y el aún inconcluso Código Penal, por el tema de las tres causales, pero como planteó Jáquez el “liderazgo político debe priorizar la democracia y el desarrollo del sistema electoral dominicano”.
Por suerte, hay tranquilidad respecto al liderazgo de los órganos electorales.
