Santo Domingo, Periodistas y familiares del asesinado comunicador dominicano Blas Olivo reclamaron justicia al cumplirse hoy tres años del crimen, al tiempo que acusaron al Ministerio Público de «mutilar» el expediente acusatorio.
Olivo, un periodista especializado en agro y medioambiente, con cerca de 30 años de experiencia, fue asesinado a tiros, en circunstancias todavía bajo investigación, por varios hombres que interceptaron su vehículo momentos después de salir de su casa materna en Bonao (norte) con rumbo a su residencia en la capital.
El cadáver apareció posteriormente con varios balazos en el municipio de Piedra Blanca, que pertenece, al igual que Bonao, a la provincia Monseñor Nouel, mientras que el vehículo fue localizado abandonado en una finca camino a La Vega (norte).
De acuerdo con las autoridades, los asesinos de Olivo formaban parte de una banda criminal dirigida desde la cárcel de Monte Plata por José Miguel Rodríguez Almonte, abatido por agentes en junio de 2015 en prisión, donde cumplía una pena de 30 años por sicariato.
Aunque varias personas guardan prisión por el crimen, no se ha conocido un juicio de fondo contra los acusados del hecho, «situación que revela la negligencia con que actúan el Ministerio Público, la Policía y el tribunal apoderado del caso», denunciaron hoy comunicadores y familiares del asesinado en una concentración en las afueras del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
La actuación de las autoridades «se ha caracterizado por múltiples irregularidades, razón por la que sus familiares, amigos y colegas tememos que se imponga la impunidad», agregaron.
La peor actuación «ha sido y sigue siendo la del Ministerio Público, quien en cierta medida ha mutilado el expediente elaborado por la Policía, cuando debió profundizar las investigaciones y ampliar las evidencias contra los acusados», afirmaron.
A esto se suma «su negligencia» para citar testigos y requerir que los acusados estén presentes en cada audiencia.
«La mejor demostración de esa negligencia es que en esos tres años ya van 266 audiencias y todavía no se sabe cuándo el caso será conocido en un tribunal competente», denunciaron.
De la banda acusada de asesinar el comunicador formaban parte, según el expediente policial, varios policías y militares y un empresario, sin embargo, «estos fueron excluidos del expediente por parte del Ministerio Público, acción altamente sospechosa e inexplicable», de acuerdo con el comunicado.
Ante este panorama, exigieron al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, «un cambio de conducta del Ministerio Público en torno a este caso a fin de ampliar las evidencias contra los acusados, garantizar que los testigos y las partes estén presentes en las audiencias (la próxima será el 14 de mayo) y procurando una sanción ejemplar contra los asesinos».
«Bajo ninguna circunstancia permitiremos que este asesinato quede impune (..) lo menos a lo que aspiramos es ver a los asesinos pagando la pena que le corresponde por el crimen que cometieron», concluyeron en el comunicado. EFE
