En Especial
Cristhian Jiménez
Con 28 senadores el PLD dictaba los nombres de los miembros de la Junta Central Electoral y otros órganos constitucionales y ahora con 4, quiere disponer quiénes no deben ser nombrados.
Desaprender es un proceso, evidentemente, que toma mucho tiempo y los recién desalojados del poder parece que aún despiertan en las mañanas y salen rumbo a la casa de gobierno.
El “telefonazo” como método de atemorizar a integrantes de instituciones decisorias de conflictos terminó y hay que acostumbrarse a la litigación democrática.
Danilo Medina, tomaba ventaja de algunas debilidades de funcionarios de segundo nivel de elección con los más diversos favores para luego exigir “el pago” de las peores y más humillantes maneras.
Castaños Guzmán, saliente presidente de la Junta Central Electoral, fue escogido sin inscripción ni entrevista, por un Senado de absoluto control danilista, cuyo pleno había dispuesto esas imprescindibles condiciones. Recibió los mayores elogios hasta marzo que contradijo al grupo gobernante.
En 2017, Medina que se involucraba en los mínimos detalles de su administración, decidió apoyar a Román Jáquez para presidente del Tribunal Superior Electoral, sugerido por las iglesias y entidades empresariales y de la sociedad civil, como ahora para la JCE.
El entonces presidente entendió que ese respaldo implicaba que Jáquez haría su voluntad y montó en cólera cuando no pudo replicar la relación que acostumbraba con otros “agraciados” y sus subalternos de decreto y partidarios.
Jáquez y otros dos jueces dieron una decisión contraria a Miguel Vargas y el PRD, aliados y empleados de Medina y se desataron los demonios del ultraje y la amenaza, hasta el colmo (si, hay que repetirlo) de despojarlo de la escolta militar en plena vía pública.
Al emerger hace semanas como sólido candidato para la presidencia de la JCE, el PLD se adelantó a descalificarlo alegando parcialidad en su contra y de inmediato inició una campaña difamatoria que arreció al ser seleccionado por el Senado. Se llegó a la temeridad de imputarle haber dirigido un “mercado”, provocación deliberada, para halarlo a una controversia que le descalificaría hacia futuro.
La dirección del PLD y Medina, sabedores del nivel de los agravios contra Román, hasta chantajearon con pretendida sutileza al presidente Luis Abinader al resaltar la imperiosa necesidad de “la gobernabilidad”, en momentos de pandemia y grave crisis económica.
Abinader, que en campaña prometió ministerio público independiente y altas cortes sin dirigentes partidarios, ignoró la advertencia y mantuvo su postura en amplio consenso con partidos, iglesias, organizaciones empresariales y de la sociedad civil, con la sola excepción de un quejoso y amenazante PLD.
Llamó la atención, como para que no se olvidara al “padre” del PRM, el viejo PRD, la actitud de un minoritario grupo perremeista que buscaba derrotar la promesa presidencial y la decisión de la comisión ejecutiva de la organización, y que insistió en presentar al dirigente oficialista Eddy Olivares a la presidencia de la Junta.
Olivares, quien se sintió halagado de que el PLD presentara su candidatura (cuña divisionista, según Paliza, presidente del PRM), habló de “infame intromisión” presidencial en su contra, aunque semanas antes acudió al Palacio Nacional a solicitar el respaldo de Abinader.
Olivares y allegados no meditaron las consecuencias de faltar a una promesa fundamental a activos sectores de clase media que sacaron al PLD del poder por incumplimientos a compromisos ciudadanos, corrupción, abusos de poder e impunidad.
Y los más grave, no pensaron que infligir una derrota política al presidente Abinader antes de los 100 días de gestión habría implicado el inicio de la salida del poder.
El PLD, con muchas cuentas por saldar, lo habría celebrado…
